Naciones Unidas lanza campaña para eliminar la violencia contra la mujer

martes, 1 de abril de 2008

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, presentó la iniciativa que busca aumentar los recursos para las políticas y programas que hacen frente al problema.


Extraido de Comision Economica para America Latina y el Caribe

(Nueva York, 25 de febrero, 2008) El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, puso en marcha una campaña multianual para intensificar las iniciativas dirigidas a acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas.

Según las estimaciones de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo sería golpeada, forzada a mantener relaciones sexuales, o sufriría otro tipo de maltrato a lo largo de su vida. En tanto, una de cada cinco mujeres sería víctima de una violación o un intento de violación.

La trata, el acoso sexual, la mutilación genital femenina, el homicidio relacionado con la dote, los asesinatos por cuestiones de honor y el infanticidio femenino son algunas otras ramificaciones generalizadas del problema.

"La violencia contra la mujer y la niña deja su abominable impronta en todos los continentes, países y culturas", señaló el Secretario General. "Ha llegado el momento de que nos centremos en las medidas concretas que todos nosotros -Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas, y la sociedad civil- podemos y debemos tomar para prevenir y erradicar este flagelo. Es hora de romper el muro de silencio y hacer que las normas jurídicas se conviertan en una realidad en la vida de las mujeres".

La campaña tendrá la meta de movilizar a la opinión pública a fin de asegurar que los encargados de formular políticas al más alto nivel trabajen para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Un objetivo clave será recabar el apoyo político de los gobiernos, las instituciones internacionales, las entidades de las Naciones Unidas, el sector privado y otros donantes, así como lograr que éstos aumenten los recursos que se destinan a las políticas y los programas concebidos para hacer frente al problema.

El Secretario General exhortó a los dirigentes mundiales, hombres y mujeres, a que impulsen la puesta en marcha de campañas nacionales para poner fin a la violencia contra la mujer. Se aprovechará el creciente compromiso expresado por los hombres para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, y la campaña acogerá positivamente y fomentará su participación activa, reconociendo el papel fundamental que éstos habrán de desempeñar.

La campaña se desarrollará hasta el año 2015 -coincidiendo con la fecha fijada para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio-, y se centrará en tres esferas principales: la promoción a nivel mundial; el liderazgo de las Naciones Unidas mediante el ejemplo; y el fortalecimiento de medidas y alianzas a escala nacional, regional e internacional.

El vínculo con los objetivos de desarrollo del Milenio refleja el hecho de que la violencia contra la mujer limita la participación activa de la mujer en el desarrollo, y se considera un grave obstáculo para el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio.

Aprovechando el impulso

La campaña aprovechará el fuerte impulso existente en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad a fin de adoptar medidas para combatir todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violación en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos.

En los últimos años, los gobiernos han logrado avances importantes en los planos nacional, regional e internacional en lo que respecta al establecimiento de marcos jurídicos y normativos que abarcan muchas formas diferentes de violencia y tratan de poner fin a la impunidad.

En la Cumbre Mundial 2005, los dirigentes mundiales se comprometieron a redoblar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Tras la publicación de un estudio a fondo del Secretario General; dos resoluciones de la Asamblea General (61/143 y 62/133) sobre la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, aprobadas en diciembre de 2006 y 2007 respectivamente; y una resolución sobre la eliminación de la violación y otras formas de violencia sexual (62/134), aprobada en diciembre de 2007, se generó un mayor impulso para atender el problema. No obstante, aún queda trabajo por hacer.

La campaña aprovechará la labor que durante décadas han llevado a cabo las mujeres activistas, los grupos femeninos y otras organizaciones de la sociedad civil que, en su calidad de agentes de cambio, siguen encabezando la lucha para exponer y combatir el fenómeno de la violencia de género. Su determinación y el arduo trabajo que han realizado situaron el tema en la agenda mundial y consiguieron que se entienda mejor la naturaleza y el alcance de la violencia contra la mujer y la niña, y cómo repercute en las supervivientes, sus familias, las comunidades y los países.

También son importantes objetivos de la campaña fortalecer el papel que desempeña la ONU en la lucha por poner fin a la violencia, así como la creación de una cultura institucional en el sistema de las Naciones Unidas que rechace la violencia contra la mujer y la niña y fomente la adopción de medidas para prevenir este fenómeno y hacerle frente.

La reforma en curso de la ONU, con la que se pretende lograr una mayor coherencia, ha creado un entorno propicio para que las entidades del sistema de las Naciones Unidas puedan colaborar en torno a este problema.

La Iniciativa de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos, en la que colaboran 12 entidades del sistema, y otros proyectos, como la campaña de recolección de firmas en línea del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) "Digamos NO a la violencia contra la mujer", son exponentes de este nuevo enfoque.

Actos de presentación

La presentación de la campaña del Secretario General se realizó en el marco de la sesión de apertura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, frente a una audiencia de alto nivel compuesta por ministros de gobierno y embajadores, así como por un nutrido grupo de organizaciones no gubernamentales y representantes del sistema de las Naciones Unidas.

Además de Ban Ki-moon, intervinieron en el acto el Presidente del Consejo Económico y Social, Embajador Léo Mérorès (Haití); la Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Thoraya Obaid; y la representante de Equality Now, una ONG de mujeres, Taina Bien Aimé, entre otros oradores

Tras la actividad se desarrolló además una conferencia de prensa con la Asesora Especial del Secretario General en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, Rachel Mayanja, y un diálogo interactivo sobre el papel y la responsabilidad del hombre en la prevención de la violencia contra la mujer.

Entre los oradores del foro mencionado se destacaron Todd Minerson, Director Ejecutivo de la White Ribbon Campaign (la campaña del lazo blanco), una organización que trabaja con los hombres para poner fin a la violencia de género; el Capitán Aimable Mushabe, oficial militar de Rwanda que aplica medidas para proteger a la mujer de la violencia; Prateek Suman Awasthi, un joven activista que trabaja con mujeres y jóvenes indios contra el problema; y Kevin Powell, autor de siete libros, entre los que cabe citar The Confessions of a Recovering Misogynist. El debate estuvo moderado por Michealene Risley, defensora de la mujer, escritora y documentalista galardonada con varios premios.



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Preocupa la cantidad de mujeres golpeadas que retiran la denuncia

jueves, 13 de marzo de 2008

Policiales

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VIOLENCIA FAMILIAR

Preocupa la cantidad de mujeres golpeadas que retiran la denuncia

Hace pocas semanas, una mujer que fue baleada por su marido se retractó de sus acusaciones. Advierten que esta situación es muy común y que en ella influyen los abogados y el personal policial y judicial. El miedo a no poder mantener a los hijos.

La presidenta de una ONG que nuclea a víctimas de la violencia familiar solicitó a la Justicia que investigue los motivos que llevaron a una mujer que fue baleada por su marido a levantar su denuncia, hace pocas semanas.

La determinación de Nancy Verónica Quinteros de retractarse de sus acusaciones por las agresiones que sufrió no resulta sorprendente, según denunció Regina Perea, titular de Asociación Atenea, porque es asombrosa la cantidad de víctimas que regularmente retiran los cargos contra su agresor, en nuestra provincia.

"Es una realidad preocupante que además nos lleva a preguntarnos por los motivos. Desde que la mujer inicia el camino de salida de la violencia, comienza a transitar por una serie de instituciones y organismos del Estado donde se encuentra con empleados que intentan hacerla desistir de continuar el proceso, interponiendo una serie de argumentos que terminan asustándola", manifestó Perea.

En este sentido, la dirigente responsabiliza no sólo al personal policial y judicial, sino también a los abogados que suelen aconsejar a las víctimas que retiren los cargos, a fin de llegar a un acuerdo con el agresor, por motivos que seguramente no escapan a sus intereses personales.

Sin lugar a dudas hay cuestiones de orden interno que llevan a la mujer a tomar esta determinación, como por ejemplo el hecho de tener esperanzas de que el agresor cambie, al ver su aparente arrepentimiento -agregó Perea-. Pero convengamos que esta idea generalmente está sostenida por líderes religiosos, convencidos de que el agresor puede cambiar introduciéndolo en la fe, o por profesionales que consideran que la violencia puede curarse modificando pautas culturales".

Perea recordó que la mujer víctima también se aviene a mantener el vínculo con el agresor para no privar a los niños de los recursos que el hombre le provee (vivienda, alimentos, educación, etcétera).

"En nuestra provincia el poder judicial no asegura a las víctimas de violencia familiar una pensión alimentaria que cubra ni siquiera las necesidades básicas de los niños, en muchos casos -dijo-. A tal punto llega esta indefensión, que una mujer baleada y en riesgo de muerte se ve obligada a decir que mintió, aceptando que todos la señalen como una farsante por haber realizado una falsa declaración o bien como cobarde al no sostener su denuncia".





SITUACION PREOCUPANTE. Existen varios motivos por los que una mujer maltratada levanta los cargos contra su agresor.

Brutal ataque motivado por celos


El hecho ocurrió el domingo 18 de noviembre pasado, cuando el oficial de Policía Daniel Antonio Fuelles hirió de seis balazos a su esposa en una estación de servicio ubicada en avenida Ejército del Norte y Francisco de Aguirre. En un escrito presentado luego en la Fiscalía VIII de Adriana Giannoni, la mujer manifestó que su marido habría reaccionado de esa manera luego de que ella le confesara que quería separarse, ya que tenía otra pareja. Explicó que el agresor no había querido matarla porque dirigió los disparos al piso.
La mu­jer ha­bría to­ma­do es­ta de­ci­sión de­bi­do a los pro­ble­mas eco­nó­mi­cos que su­fre des­de que su es­po­so se en­cuen­tra de­te­ni­do. La fis­cal, de acuer­do con una fuen­te ju­di­cial, tra­ta­rá de con­fir­mar es­ta ver­sión.



Podes ver la nota haciendo click aqui http://tinyurl.com/2xjpoh


“QUIERO RETIRAR LOS CARGOS SEÑOR”

miércoles, 12 de marzo de 2008

por Regina Perea


La determinación de Nancy Verónica Quinteros de levantar la denuncia frente a las agresiones que sufrió no resulta sorprendente hoy en día, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas de violencia familiar que regularmente retiran los cargos contra su agresor en nuestra provincia.
Es una realidad preocupante que además nos lleva a preguntarnos por los motivos.

Desde que la mujer inicia el camino de salida de la violencia, comienza a transitar por una serie de instituciones y organismos del Estado donde se encuentra con empleados que intentan hacerla desistir de continuar el proceso, interponiendo una serie de argumentos que terminan asustándola.

Por cada víctima que abandona el proceso administrativo /legal, se reduce bastante el trabajo de estos empleados “agobiados por tantos casos” Estos empleados utilizan la misma estrategia para hacer “favores” a familiares y amigos que se verían bastante complicados si las causas prosperaran. Debemos pensar también que muchos de estos empleados son violentos en su vida familiar sin que nadie los investigue ni lo sepa.

Generalmente la víctima de violencia familiar no tiene idea que “puede levantar la denuncia”; es casi siempre una persona conocedora del proceso la que le “acerca” esta idea haciéndole ver incluso la “inconveniencia” de haber denunciado al agresor. Y en este sentido debemos volver nuestra mirada a los abogados que aconsejan bastante seguido a las víctimas “retirar los cargos” a fin de llegar a un acuerdo con el agresor, por motivos que seguramente no escapan a sus intereses personales.

Hacia estos grupos deben dirigirse los Organismos de Derechos Humanos también cuando intentan comprender la complejidad de la problemática de la violencia familiar y para entender lo incomprensible de esta determinación que tomó Nancy días atrás.

Sin lugar a dudas hay cuestiones de orden interno que la mujer tiene a veces para tomar esta determinación, como por ejemplo, el hecho de tener esperanzas de que “el agresor cambie” frente al aparente arrepentimiento que muestra. Pero convengamos que esta idea generalmente está sostenida en creencias que promueven líderes religiosos de su congregación , convencidos que el agresor puede cambiar “introduciéndolo en la fe” y en profesionales que consideran que la violencia ”puede curarse modificando pautas culturales”, y si nos vamos un poquito más lejos, encontramos sustento a estas determinaciones en el mismo Código Procesal Penal de la Nación que posibilita al delincuente un tratamiento terapéutico, en la idea de que “puede rehabilitarse”.

Una realidad que sostiene a la mujer víctima en su idea de reconstituir el vínculo con el agresor es la idea de no privar a los niños fundamentalmente de los recursos que el agresor le provee, como ser una vivienda y un pedazo de pan. En otros, la idea de que los niños van a tener que abandonar la institución educativa privada donde asisten y van a quedar privados de sus espacios de diversión y esparcimiento al no poder pagar las altas cuotas monetarias que estos lugares absorben. Y no son por cierto éstas ideas delirantes, porque en nuestra provincia en muchos casos el poder judicial no asegura a las víctimas de violencia familiar una pensión alimenticia que cubra ni siquiera las necesidades básicas de los niños cuando la pareja se separa.

Seguramente hay cuestiones internas y externas muy fuertes como para que la víctima tome la decisión de contradecir una decisión anterior y se vea obligada a decir que “mintió” para que el retiro de los cargos se efectivice, algo muy complejo se debe jugar en su interior como para que ella acepte sufrir cuando todos la señalen como una farsante por haber realizado una falsa declaración o bien como cobarde al no sostener su denuncia.

Solicito a los organismos provinciales competentes en el caso que investiguen fehacientemente los motivos que llevaron a Nancy a tomar esta determinación para poder ayudarla y que este no sea un caso más del cual nos tengamos que lamentar más adelante.



Regina Perea
Presidenta de la AsociaciónCivil Atenea
(Nuclea a Mujeres Víctimas de Violencia Familiar
de la Pcia. De Tucumán)


Argentina, Chile y México ganan concurso sobre combate a la violencia femenina

jueves, 6 de marzo de 2008

La Asociación Civil Atenea celebra esta noticia.
También podés leer esta noticia AQUI
ROLAC - Rio de Janeiro/Brasil 27/02 - Las municipalidades de Maipú (Chile), San Miguel de Tucumán (Argentina) y Solidaridad (México) son las tres ganadoras del IV Concurso Regional de Ciudades Más Seguras para Mujeres y Niñas, promovido por UN-Habitat, UNIFEM y FEMUM-ALC.

La iniciativa premia prácticas municipales de seguridad para mujeres y niñas en ciudades de América Latina y el Caribe. La premiación será en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, en San José, Costa Rica, el 6 de marzo.

Entre las tres, la práctica más antigua es la de San Miguel de Tucumán, que en 1995 creó el Grupo de Autoayuda de Mujeres y a partir de ese año pasó a elaborar acciones de prevención a la violencia contra la mujer y de promoción de la equidad de género.

El primer trabajo se concentró en mujeres maltratadas, con baja autoestima, extrema dependencia y desconocimiento total de sus derechos. Comenzó una labor de dignificación, independencia y empoderamiento, lo que llevó a que las mujeres se sintieran valiosas, productivas y celosas defensoras de sus derechos y de los de sus hijos.

Esta iniciativa derivó en otro programa llamado Nuestros Hijos (de 2003), que consistía en tareas didácticas, ayuda escolar y tratamiento psicológico. Dos años después, se creó el grupo de Autoayuda de Adolescentes y Jóvenes en Hogares en Conflicto, pionero en Argentina, para que los participantes pudieran expresar libremente sus miedos, angustias, temores, expectativas y desnaturalizar la violencia como un modo de resolución de los conflictos.

Como resultado de esta práctica, se destaca la creación de un programa de radio "Nos Importa a Todos", que, poco a poco, introducía la problemática de la violencia en la comunidad. Tiempo más tarde, surgió la asociación civil Atenea, pionera en el país, que reúne mujeres víctimas de violencia, las empodera e inculca que juntas pueden ser más fuertes. La dirección de la asociación es de mujeres.

La práctica chilena "Prevención Maipú: un Maipú Seguro para todos y todas" promueve una política de prevención y seguridad ciudadana que contempla trabajo integral para el desarrollo de una ciudad segura para hombres y mujeres. La iniciativa tiene como fin impulsar una serie de acciones de acercamiento con la comunidad, promoviendo la participación ciudadana y la co-producción de seguridad en los barrios, disminuyendo la sensación de inseguridad y fortaleciendo la credibilidad y confianza en las instituciones.

La alcaldía de Maipú creó la Unidad de Enlace Comunitario (actualmente existen 110), unidad que promueve desde los barrios y villas la organización del trabajo de prevención ciudadana. La Unidad de Enlace identifica en los vecindarios los distintos grupos de trabajo, que desarrollan el programa de acción junto con la municipalidad.

Como resultado de esta práctica, la población de Maipú es organizada entorno a los problemas de seguridad que afectan a las mujeres y niñas. Quien lidera este proceso son las mujeres (de los tres mil socios, 80% son mujeres), que se han empoderado en un lugar tradicionalmente liderado por hombres.

En México, la municipalidad de Solidaridad y su programa "El Valor de las Mujeres" busca empoderar a la mujer, en un municipio creado hace 14 años, con 135 mil habitantes y que de ese total 48% son mujeres.

Lo que se busca es interiorizar el principio de equidad mediante la asignación de mujeres en áreas estratégicas del gobierno municipal, lo que hace que 40% de los funcionarios municipales sean mujeres. Este porcentaje hace de Solidaridad el segundo municipio en México con el mayor número de mujeres integradas a la función pública municipal (7 de los 18 cargos de primer escalón son ocupados por mujeres).

Los programas comunitarios volcados a la prevención de la violencia femenina son administrados por mujeres. El programa "Familia Segura" cuenta con 43 comités vecinales, integrados por diez miembros de la comunidad donde la mayoría son mujeres, y 75% de dichos comités son presididos por mujeres.

Los programas "Ciudades Educadoras", "Blindaje de la Rivera Maya al Turismo Sexual Infantil", "Atención Integral del Embarazo Adolescente", "Ojo con tu antojo", entre otros hacen de Solidaridad un ejemplo de pro-actividad a favor de la juventud y las mujeres. En todas estas iniciativas, la municipalidad cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, que denuncian irregularidades en un marco de cero tolerancia.

Este trabajo conjunto con los medios evita que las redes criminales que promueven la prostitución infantil entren a Solidaridad, como sucede en otras ciudades turísticas mexicanas como Cancún, Acapulco, Distrito Federal y Guadalajara.

Antes de la premiación se llevará a cabo asamblea de constitución de la Red / Asociación Costarricense de Mujeres Municipalistas.

Por Manuel Manrique - UN-Habitat/ROLAC

Ley 7264 (Violencia Famliar) - Provincia de Tucumàn

miércoles, 13 de febrero de 2008

LEY 7.264
VIOLENCIA FAMILIAR

SANCION: 27/12/2002
PUBLICACION: 28/01/2003


La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

L E Y:

Artículo 1°.-A los fines de la presente ley se entenderá por Violencia Familiar toda acción, omisión, abuso, que afecte la integridad física, psíquica, emocional, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Cuando los hechos denunciados configuraren delito de acción pública, el Juez interviniente deberá poner en conocimiento de los mismos al señor Fiscal Penal de Turno a fin de que éste instruya las actuaciones que correspondieren . Esto sin perjuicio de la continuación del proceso previsto en esta ley en sede civil, en salvaguarda de la víctima y sin que esta comunicación obstaculice este proceso civil.
Se entenderá por grupo familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos y/o afines y a convivientes o descendientes directos de alguno de ellos, en consonancia con la Ley N° 7.209. También se aplicará cuando se ejerza violencia familiar sobre la persona con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja, o con quien estuvo vinculado por matrimonio o relación de hecho, o vinculados por los institutos de la tutela y la curatela. El instituto de la adopción está comprendido en la presente ley con todos sus alcances.

Artículo 2°.-COMPETENCIA -LEGITIMACION: Las presentaciones autorizadas por esta ley deberán efectuarse en forma escrita y ante el Juez Civil en Familia y Sucesiones. Cuando los damnificados fueran menores o incapaces, se estará a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 6.518, sin perjuicio de que los mismos puedan directamente poner en conocimiento de los hechos al Defensor de Menores e Incapaces.
Cuando el damnificado sea mayor de edad estará legitimada para efectuar la presentación toda persona que acceda al conocimiento de una situación de violencia familiar y esté unida a la víctima por lazos de consanguinidad o afinidad. En estos casos, una vez efectuada la presentación, el damnificado deberá ratificarla dentro de las 24 horas de efectuada aquella en forma personal y ante el Juez interviniente.
El Poder Judicial, en uso de sus facultades, reglamentará la creación de las guardias en el fuero de Familia.

Artículo 3°.-DEL PROCEDIMIENTO: Recepcionada la presentación, y de considerarlo necesario, el Juez interviniente requerirá una evaluación sobre el estado de salud del agredido al Cuerpo Médico Forense, médico de la Policía o médico de cualquier institución pública de la salud, haciéndole conocer expresamente que se trata de una de las situaciones contempladas en esta ley.
El informe médico deberá expedirse dentro del plazo de 3 horas, teniendo en cuenta la celeridad del caso, y contener la mayor cantidad de datos posibles a fin de una mejor evaluación de la situación de riesgo existente. Para los casos que fuere menester y conforme a la naturaleza del hecho denunciado, el Juez podrá ordenar la realización de un segundo informe médico dentro de las 48 horas de producido el incidente.
Para el caso de que los informes no sean expedidos dentro de los plazos previstos en esta ley, el Juzgado interviniente remitirá un informe con todos los datos del profesional responsable, a fin de que la repartición a la cual pertenece se encargue de
instruir las acciones administrativas y/o legales pertinentes por tal conducta.

Artículo 4°.-MEDIDAS A ADOPTAR: El Juez interviniente, al tomar conocimiento de la presentación, medie o no el informe a que se refiere el artículo anterior, podrá adoptar cualquiera de las siguientes medidas:
a)Ordenar la exclusión de la vivienda donde habita con el grupo familiar, de quien haya ejercido abuso o maltrato hacia alguno de sus miembros.
b)Prohibir el acceso de aquel que haya ejercido abuso o maltrato al lugar donde habita la persona agredida y/o desempeña su trabajo y/o establecimiento educativo y/o lugares de recreación donde concurre la misma o miembros de su grupo familiar, como asimismo acercarse a éstos en la vía pública en un radio aproximado de treinta metros.
c)Prohibir a quien haya sido sindicado como autor del abuso o maltrato, que realice actos de perturbación o intimidación, directa o indirectamente, respecto de los restantes miembro del grupo familiar.
d)Disponer el reintegro al domicilio a pedido de quien ha debido salir del mismo, por razones de seguridad personal.
e)Disponer otras medidas conducentes a garantizar la seguridad del grupo familiar.
El juez tendrá amplias facultades para disponer de las precedentes medidas enunciativas en la forma que estime más conveniente con el fin de proteger a la víctima; hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de malos tratos o abusos.
Podrá asimismo fijar, a su arbitrio y conforme a las reglas de la sana crítica, el tiempo de duración de las medidas que ordene, el que no podrá exceder de seis meses. A lo efectos de la fijación del plazo, el Juez evaluará el peligro que pudiera correr la persona agredida, la gravedad del hecho o situación denunciada; la continuidad de los mismos y los demás antecedentes que se pongan a su consideración, pudiendo en casos excepcionales extender el plazo más allá de seis meses, si las circunstancias del caso así lo aconsejaren.

Artículo 5°.-AUDIENCIA: Posteriormente a la aplicación de las medidas urgentes antes enunciadas, el Juez interviniente, dará vista al Defensor de Menores e Incapaces, si correspondiere, y fijará una audiencia dentro de los cinco días de cumplidas aquellas a efectos de oír al sindicado autor de las agresiones o abusos y establecer, en su caso, la necesidad de la realización de un diagnóstico de interacción familiar efectuado por el Gabinete Psicosocial del Poder Judicial y/o por los equipos de la Dirección de Familia, Minoridad y Tercera Edad de la Provincia, el que deberá contener información referida a los daños psicofísicos y emocionales sufridos por la víctima, la situación de riesgo y su pronóstico y las condiciones socio económicas y ambientales de la familia, sin perjuicio de otras cuestiones que el Juez determine.

Artículo 6°.-Producido el informe psicosocial previsto en el artículo anterior, dentro de los cinco (5)días posteriores, el Juez deberá:
a)Resolver sobre las medidas adoptadas, manteniéndolas, revocándolas o adoptando otras.
b)Evaluar la conveniencia de que el grupo familiar reciba asistencia especializada interdisciplinaria, la que estará a cargo de los equipos que establecerá la reglamentación de la presente ley.

Artículo 7°.-El juez ordenará la realización de un seguimiento de las medidas adoptadas controlando su debido cumplimiento, para lo cual dispondrá, cada vez que lo considere necesario, la actualización del informe psicosocial.
En caso de haberse adoptado la medida prevista en el inc. a) del Artículo 4°, el afectado por la misma podrá solicitar el reingreso al inmueble donde se efectivizó la protección acreditando, dentro del mismo proceso, que ha cesado el estado de riesgo.
La procedencia de la petición quedará sometida a la valorización del juzgador.

Artículo 8°.-RECURSOS: Contra las medidas adoptadas se podrán interponer los recursos ordinarios previsto para las medidas cautelares en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia.


Artículo 9°.-MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL:
Se agrega como inc. e) del Art.63 de la Sección V de la Ley N° 6.238 el siguiente:
"e)En todos los casos en los que sea aplicable el procedimiento generado por la ley de violencia familiar".

Artículo 10°.- Comuníquese.


MIRANDA

SERVICIOS LEGALES GRATUITOS (1° Parte)

jueves, 7 de febrero de 2008

DEFENSORÍAS OFICIALES

CIVILES Y PENALES

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DEFENSORIAS OFICIALES CIVILES

(Servicio Legal Gratuito del Poder Judicial de Tucumán)

PARA CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, LAS DEFENSORÍAS OFICIALES SON ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL QUE PROVEEN A LAS PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS, DE ABOGADOS GRATUITOS. ESTOS ABOGADOS PATROCINAN A LAS PERSONAS EN TODO LITIGIO JUDICIAL RELACIONADO CON CUESTIONES CIVILES, INCLUIDAS LAS DE FAMILIA.

Esto es lo que describen las mujeres víctimas de violencia familiar a cerca de este servicio:

- Las víctimas tienen que hacer cola en la vereda de las Defensorías Oficiales desde las 4:30hs de la madrugada, en medio del frío.

- Asisten algunas veces con los bebés en brazos y niños pequeños cuando no tienen donde dejarlos.

- Muchas mujeres prefieren no realizar estos trámites para no tener que someter a los niños a estas largas esperas.

- A veces directamente no pueden realizar estos trámites porque no tienen con quien dejar a los niños.

- Comienzan a atender a las 8hs, aunque los empleados están desde las 7hs.

- Solamente entregan 17 números.

- Las víctimas pierden toda la mañana por las demoras que hay.

- Las víctimas deben asistir regularmente (por la falta de soluciones) y en todos los casos esperan toda la mañana.

- El trato es pésimo, los empleados se dirigen a las víctimas con gritos muchas veces y de forma despectiva siempre.

- El trato empeora si la víctima es de bajos recursos, no entiende muy bien lo que le dicen o se atreve a reclamar algo.

- Nadie se toma el trabajo de explicarles a las víctimas los caminos que tienen a su alcance en el Poder Judicial, para hacer valer sus derechos y lograr que se haga Justicia. Las víctimas patrocinadas por las Defensorías Oficiales son las que se encuentran más desorientadas.

- No hay intimidad de ningún tipo en las instalaciones: las oficinas son abiertas, separadas por biombos a través de los cuáles se escucha todo lo que las víctimas dicen, como así también cuando lloran. Las víctimas tienen que hablar a cerca de violaciones, golpizas y situaciones graves de ese tipo, delante del personal de limpieza, los mozos y los mismos agresores que están recibiendo patrocinio en ese mismo lugar.

- No todos los empleados que llevan los casos son abogados, pero actúan como si lo fueran, asesorando y determinando sobre cuestiones muy delicadas.

- Los empleados (no letrados) que son los que generalmente atienden a las víctimas, no pueden asistir a las audiencias, por lo que suelen acompañar a las mismas abogados/as que no tiene idea de lo que tienen que defender, porque nunca antes conversaron con la víctima. Momentos antes de entrar las víctimas tienen que contarles rápidamente la situación en la que se encuentran y en algunos casos los abogados /as en cuestión llegan cuando las víctimas ya están en las audiencias, y no les queda más remedio que intervenir de vez en cuando sin saber muy bien lo que las partes dicen.

- Los empleados pueden demorar hasta veinte días, respetando el turno, hasta que sacan el expediente de los juzgados (civiles), tiempo durante el cuál no pueden hacer nada sin el expediente en la mano y los problemas de las víctimas hasta eso se complican o tienen mal final.

- Si a la víctima se le “extravió” su expediente en algún Juzgado de Familia, lo cual es muy común, “no lo encuentra más”, porque en las Defensorías Oficiales no se preocupan nunca por buscarlo. Se limitan a decir que “el expediente no está”, “debe estar para firma”, “lo deben haber pasado a otra sección”, aprovechándose de la ignorancia de las víctimas.

- Los empleados (letrados o no) se rigen por un principio: “Dejemos que los perros vengan y nos defenderemos” es decir que se rigen por “la ley del menor esfuerzo”. No presentan ningún escrito o prueba si no es respondiendo al minucioso escrito que el agresor presentó con su abogado particular para desvalorizar a la víctima. Se niegan a presentar escritos, pruebas o denuncias que las víctimas solicitan, si el agresor no presentó nada previamente.

- El escrito que presentan en las Defensorías Oficiales es sintético, desprolijo y no refleja en lo más mínimo la complicada situación en la que se encuentra la víctima. Además son presentados mucho tiempo después de ocurridos los hechos, cuando la causa ya está complicada. En algunos casos no lo elaboran ni presentan nunca, sobre todo si la víctima ignora el proceso judicial.

- En la mayoría de los casos, las víctimas deben rogarles a los empleados para que realicen un escrito o lo presenten. Lo mismo pasa con las pruebas.

- En muchos casos los mismos jueces en las audiencias se quejan del expediente diciendo que la víctima, que está patrocinada por la defensoría oficial, no presentó absolutamente nada en su expediente. Considerando que en tribunales a las palabras se las lleva el viento (lo único que vale es lo que queda en el papel) las víctimas siempre salen perdiendo.

- Las medidas autosatisfactivas (de protección urgente de las víctimas) son directamente imposibles de aplicar desde este servicio, debido a que las víctimas demoran por lo menos dos semanas en recolectar la documentación que le permite sacar la Carta de Pobreza y una más para que la acepten autorizando el patrocinio gratuito. Demoran hasta cuatro meses en aceptar el patrocinio cuando las víctimas huyen del hogar, porque justamente las víctimas no tienen en su poder los documentos que requieren este servicio para iniciar Carta de Pobreza. En algunos casos no toman las medidas autosatisfactivas simplemente porque no quieren.

- No solicitan al Gabinete Psicosocial o a Instituciones Estatales de Violencia Familiar los informes psicosociales, si las víctimas no insisten y algunas veces ni si quiera así.

- Llaman a mediación a la víctima junto con el agresor, cuando esto es directamente inconcebible en violencia familiar, ya que no pueden mediar dos personas que no están en igualdad de condiciones por la particular diferencia de poder que hay entre ambos.

- Intentan convencer a la víctima para que lleven adelante “Divorcios por común acuerdo” llevándolas a que abandonen las denuncias y las pruebas por abusos contra su persona.

- Las víctimas asisten a las Defensorías Oficiales Civiles una y otra vez sin conseguir que las cosas avancen en ningún sentido. Cada vez que las víctimas vuelven a las Defensorías las cosas siguen igual.

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DEFENSORAS OFICIALES CIVILES

(Abogadas de nadie)

- Jamás tienen trato con las víctimas para conocer su situación.

- Generalmente no acompañan a las víctimas a las audiencias justificándose en que tienen otros compromisos.

- Las pocas veces que las acompañan, no saben que es lo que tienen que defender, complicando de esta manera la situación de las victimas.

- Si alguna vez reciben a las víctimas es ante el pedido del abogado particular del agresor (acto que no es legal pero si real) En estos casos la víctima conoce a su “Defensora” estando el agresor y su abogado presentes, los cuales no dejan hablar a la víctima, plantear su situación, ni defenderse. Las víctimas manifiestan que en esos casos han tenido que soportar incluso reclamos y malos tratos de parte de la Defensora “suyas”, delante de su ofensor.

- Si las víctimas denuncian la falta de defensa por parte de las defensoras, las mismas no dudan en amenazarlas y quitarles todo tipo de patrocinio: negándose a firmar escritos, ha recibir pruebas, dando malas referencias a jueces y defensoras de menores a cerca de la víctima o renunciando al patrocinio jurídico, justificadas en mentiras de todo tipo.

- En los pocos casos que las Defensoras Oficiales llegan a tener trato con las víctimas, suelen opinar sobre la conducta de las mismas, criticarlas aún delante de la gente, asustarlas y/ o desvalorizarlas.

LAS DEFENSORAS OFICIALES DEMUESTRAN UNA TOTAL IGNORANCIA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y COMPLETA AUSENCIA DE SENSIBILIDAD.

LAS VÍCTIMAS NORMALMENTE ABANDONAN LAS DEFENSORÍAS OFICIALES CIVILES AGOTADAS POR LA INEFICIENCIA Y LA FALTA DE RESPUESTA A SUS PROBLEMAS, QUEDANDO TOTALMENTE DESPROTEGIDAS, DEBIDO A QUE NO PUEDEN INGRESAR A NINGÚN OTRO SERVICIO LEGAL GRATUITO, TAL COMO LO ESTABLECEN LAS CONDICIONES EN DICHOS LUGARES.

HAY UN VERDADERO ABANDONO DE LAS VICTIMAS EN LAS DEFENSORÍAS OFICIALES.

LAS DEFENSORÍAS ESTÁN MUY LEJOS DE DAR UNA SOLUCIÓN VIABLE A LOS CONFLICTOS DE FAMILIA QUE TIENEN SU ORIGEN EN LA VIOLECIA DOMESTICA Y SON UN VIVO EJEMPLO DE VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA

DEFENSORÍAS OFICIALES PENALES

(Poder Judicial de Tucumán)

PARA CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, LAS DEFENSORÍAS OFICIALES PENALES SON ORGANISMOS PÚBLICOS QUE PERTENECEN AL PODER JUDICIAL, QUE PROVEEN A LAS PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS, DE ABOGADOS PENALISTAS GRATUITOS. ESTOS ABOGADOS PATROCINAN A LAS PERSONAS EN TODO LITIGIO JUDICIAL RELACIONADO CON DELITOS.

En Tucumán no hay abogados penalista gratuitos para defender a las víctimas en un litigio penal, ni en las Defensorías Oficiales, ni en el Colegio de Abogados, ni en las Prácticas Tribunalicias, razón por la cual las víctimas de bajos y medianos recursos jamás pueden probar las agresiones recibidas y los agresores pueden seguir circulando libremente por la ciudad como ciudadanos respetables, con un gran riesgo para la sociedad toda.

Iniciar un juicio penal es CARISIMO y seguirlo mucho más.

Tampoco queda muy claro cuál es la obligación de las Defensorías Oficiales Penales en estos casos porque los argumentos que utilizan los empleados (incluidas las autoridades) para negarse a atender a las víctimas de violencia familiar son variados y contradictorios

Los Defensores Penales Gratuitos, pareciera ser que están disponibles para defender únicamente a procesados, enjuiciados, delincuentes, condenados, etc. Y sobre todo en los casos graves de los cuales depende su libertad.

Esta es la respuesta que reciben las víctimas cuando asisten a las Defensorías Penales en busca de ayuda:

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- “Nosotros no defendemos a las víctimas”.

- “Nosotros defendemos a las víctimas de violencia familiar cuando han matado a su marido”

- “Solo patrocinamos condenados y delincuentes”.

- “Podemos atenderte, pero si no tienes pruebas suficientes no te conviene porque cuando pierdas vas a tener que pagarle al abogado de la otra parte, por más de que vos estés litigando sin gastos, y eso sale bastante caro”.

- “Si no hay pruebas suficientes no patrocinamos a las víctimas porque es un gasto innecesario para el Estado”.

- “No hay pruebas suficientes en el expediente como para que te defienda”.

- “Los casos de violencia familiar no van por el fuero penal, eso es de familia, así que no pierdas tiempo aquí”

Además envían a las mujeres a cualquiera de los otros servicios donde saben que no tienen patrocinio jurídico penal y allí las causas mueren en un juicio civil.

Las pocas veces que las Defensoras / es Penales intervinieron en cuestiones de violencia familiar defendiendo a la víctima, fueron ante la intervención del Ministerio Fiscal por reclamos de la víctima.

LAS DEFENSORÍAS OFICIALES DURANTE MUCHOS AÑOS SE VALIERON DE EXCUSAS PARA NO DEFENDER A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y CONSIGUIERON ESTO GRACIAS AL APOYO (CONCIENTE O NO) DE OTRAS INSTITUCIONES QUE NO ENVIARON A LAS VÍCTIMAS A LAS DEFENSORIAS PENALES, NI LE HABLARON DE SU EXISTENCIA

EN NUESTRA PROVINCIA TODO EL MUNDO SABE QUE LAS DEFENSORIAS OFICIALES PENALES NO PATROCINAN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR SIMPLEMENTE PORQUE NO QUIEREN.

PROPUESTAS

SE DEBEN MODIFICAR LAS DEFENSORÍAS OFICIALES EN SU TOTALIDAD,

PORQUE EL SISTEMA EN SÍ MISMO ES TOTALMENTE DISFUNCIONAL.

- Creación de mayor cantidad de Defensorías Oficiales Civiles.

- Rigurosa selección de las personas que atenderán a las víctimas, privilegiando la CALIDAD HUMANA y la capacitación que tengan

- Incorporación de mayor cantidad de profesionales que patrocinen a las víctimas desde el principio hasta el final

- Reorganización de los sectores en ambientes acondicionados para proteger la intimidad de las víctimas.

- Evaluaciones permanentes a los profesionales y seguimiento de las causas para ver si tienen una solución viable y definitiva.

- Determinación de las obligaciones que tienen las Defensorías Oficiales Penales y publicidad a fin de que las víctimas sepan que cuentan con ese servicio.

- Habilitación de un jardín maternal y una sala de juegos, para que las madres puedan dejar a sus hijos mientras realizan estos trámites.

- Habilitación de un área de “Asesoramiento a la Víctima” que funcione mientras las víctimas esperan ser atendidas por los abogados patrocinantes.

- Habilitación de un área de discapacidad, para que personas con dificultades visuales, auditivas, motrices, mentales o bien personas con enfermedades físicas puedan ser atendidas también.

- Habilitación de un sector específico de “Procuración” con una cantidad de profesionales acorde a la urgencia que requiere el tratamiento de esta problemática, de tal manera que los procuradores/ as faciliten la circulación rápida de los expedientes entre las Defensorías Oficiales y los Tribunales.

- Que desde las Defensorías Oficiales se soliciten los informes profesionales (Psicosociales, Médicos, ambientales, etc.) a los diferentes organismos donde son asistidas las víctimas, sin necesidad de que tengan que solicitarlo desde fiscalías o secretarías, como ocurre ahora.

- Implementación de un sistema de rápida denuncia desde las Defensorías Oficiales, ante la pérdida de expedientes en los juzgados o fiscalías, o ante la falta de presentación de informes en los organismos donde se los solicita.

- Que en las Defensorías Oficiales se redacten los escritos en el mismo momento que las víctimas ingresen al servicio.

- Que los escritos reflejen íntegramente la realidad de la víctima, anexando todas las pruebas correspondientes y poniendo en conocimiento de la justicia, los nuevos hechos que ocurran sin demoras.

- Que estos escritos se presenten sin necesidad de que la víctima los solicite, porque en algunos casos no sabe que tiene ese derecho.

- Que las Defensoras Oficiales se mantengan informadas de todos los casos que ingresan a la Defensoría que tienen a su cargo, sin excepción, Si no es por conocimiento personal de la víctima, al menos por los escritos de los abogados.

- Que las Defensoras Oficiales no asistan a las audiencias patrocinando a las víctimas si no han establecido contacto previo con ellas y solamente si las víctimas están de acuerdo con que así sea.

- Que las Defensoras Oficiales de las víctimas tengan prohibido dejar ingresar al agresor (o a su abogado) en su despacho y mucho menos en presencia de la víctima, bajo ningún punto de vista.

- Que las víctimas tengan derecho a reclamar situaciones de abuso en el interior de las Defensorías Oficiales y sus reclamos sean atendidos debidamente en algún organismos especializado.

- Que no se permita la mediación en las Defensorías Oficiales, porque no es factible mediación alguna en violencia familiar y porque condice con la condición de la Defensora de Oficio que es defensora de la Víctima y de nadie más.

- Que no se permita el Divorcio por Común Acuerdo en los casos de violencia familiar, que suelen iniciarse en las Defensorías Oficiales para no tener mayor trabajo.

- Capacitar a las Defensoras de Oficio y a los demás empleados de las Defensorías en violencia familiar.