II INFORME - PODER JUDICIAL DE TUCUMAN

jueves, 7 de febrero de 2008

Este informe se desprende del comentario de muchas mujeres en situación de violencia familiar.

Hace referencia al proceder de las personas responsables en diferentes áreas del Poder Judicial y al proceso judicial propiamente dicho, los cuales ocasionan serios inconvenientes y obstáculos a las víctimas de violencia familiar.

El Poder Judicial en la Provincia de Tucumán, no da respuestas a las urgentes solicitudes de protección y ordenamiento que hacen las víctimas de violencia familiar y no aporta soluciones viables a los graves conflictos que se suscitan a raíz de la misma. Por el contrario, la más de las veces, complica la situación de las víctimas y sus hijos a corto, mediano y largo plazo, los expone a mayores riesgos, deja que las víctimas encuentren la muerte, tapa y apoya la violencia, entrega mensajes peligrosos a los niños y adolescentes, no brinda resarcimiento moral y económico a las víctimas, ejerce violencia agregada a la ya existente, ocasiona grandes pérdidas de tiempo y dinero a las víctimas y fundamentalmente, castiga a las víctimas y absuelve al agresor, siendo por esto el centro de grandes injusticias.

En la mayoría de los casos las víctimas tienen que conformarse con soluciones a medias donde siempre terminan perdiendo un poco más de su dignidad. A las agresiones recibidas se suma luego la pérdida de los hijos, del trabajo, de la vivienda, de los bienes muebles, de la tranquilidad y la dura realidad de enfrentarse también a la discriminación de la sociedad y a las burlas del agresor, razón por la cual muchas mujeres se abstienen de separarse del agresor, convencidas de que, lo que les depara el destino después no es para nada mejor que lo que están viviendo junto a él.

El Poder Judicial existe para ejercer JUSTICIA y ya es hora de que lo empiece a hacer.

SECRETARIAS

(Fuero Civil)

Para conocimiento de la comunidad, las Secretarías civiles son los espacios administrativo/ legales donde se desarrolla el proceso judicial civil, con la celebración de audiencias en las que intervienen las partes en presencia de un juez. En las secretarías civiles se tratan cuestiones de familia que no suponen delito, tales como: Divorcio, Pensión Alimenticia, Régimen de Visitas, Depósito de Persona, Sucesiones, etc.

En estas dependencias, muy comúnmente se “pierden” los expedientes, sobre todo de las víctimas patrocinadas por abogados de las Defensorías Oficiales (abogados gratuitos), porque se sabe que los mismos no van a reclamar esta situación. Esto hace que las víctimas vayan y vuelvan de un lugar a otro buscando los expedientes en vano, hasta que muchas terminan abandonando por cansancio, no quedando registro en ninguna parte, de esta situación de abuso y negligencia.

En las ventanillas de las secretarías, no permiten que las víctimas vean el estado del expediente si no es ante la presencia de su abogado, pero en los casos donde las víctimas son patrocinadas por abogados de las Defensorías Oficiales (abogados gratuitos) esto directamente es imposible, porque estos abogados no se toman el trabajo de acompañar a las víctimas a ver su expediente, o a sacarle copias, razón por la cual las víctimas deben “confiar” que la causa va siguiendo su curso normal, dándose en muchos casos con la sorpresa de que los abogados no presentaron nada, de que se les pasó la fecha de alguna audiencia o el tiempo para la presentación de algún escrito importante. Esto complica hoy en día muy comúnmente la situación de las víctimas de violencia familiar.

Es común escuchar a los empleados de las secretarías, que hacen comentarios tales como “¿Ya están de nuevo aquí?”, “Hu, tenemos para toda la tarde”, cuando la víctima y el agresor ingresan a una audiencia. Tomándose el atrevimiento de opinar sobre las causas delante de los mismos.

En las secretarías “alguien” incorpora documentos e informes en medio de los expedientes con fechas cambiadas para cubrir a terceros.

Del Funcionamiento:

Demoran hasta seis meses en dar fecha para una audiencia, al menos a las víctimas que van por los servicios legales gratuitos, tiempo durante el cuál el problema ya pasó o empeoró, o bien el juez ya no puede ordenar la recolección de pruebas sobre hechos ocurridos tiempo atrás, complicando de esta manera la situación de las víctimas.

No reclaman desde las Secretarías, la entrega de informes demorados en el Gabinete Psicosocial de Tribunales, en las escuelas, en los centros de salud o en cualquier otro servicio de asistencia a la víctima, que no son presentados en su debido momento, ocasionando retrasos y pérdidas de dinero a las víctimas, que o bien llegan a nueva audiencia sin las pruebas o bien directamente no se les autoriza nueva fecha de audiencia.

Jamás piden desde el fuero civil los antecedentes policiales ni penales del agresor (a la policía ni a las fiscalías) ni siquiera en los casos en que hay sentencia penal firme por delitos anteriores, para que se anexen automáticamente al expediente civil, a fin de que el juez determine en cuestiones importantes tales como (régimen de visitas de los niños) con conocimiento de la peligrosidad del agresor. Muchas veces los jueces entregan los niños al agresor o extienden los regímenes de visita sin importarle la peligrosidad que el mismo representa para el grupo familiar (a pesar de que la víctima lo expresa) justificándose en la ausencia de pruebas documentales firmes en el expediente, que evidencien un riesgo.

En todos los casos, las audiencias se realizan con la presencia conjunta de la víctima y del agresor. La mayor parte de las veces las víctimas se resisten a asistir en presencia del agresor, pero son amenazadas con ser llevadas por la fuerza pública o bien sus abogados las previenen diciendo que “van a perder todo si no se presentan”. Como consecuencia, las víctimas ingresan llenas de miedo, muchas veces no hablan y lloran mucho en las audiencias. Esto lleva a que no puedan defenderse y que igual pierdan todo en las audiencias, donde muchos jueces toman determinaciones que las perjudican aún más.

JUECES CIVILES

(Fuero Civil del Poder Judicial de Tucumán)

Muchos Jueces/ as:

Demuestran que la situación de violencia por la que atraviesan las víctimas no tiene para ellos ni la más mínima importancia, manifestando indiferencia, desinterés en indagar sobre esas cuestiones, desprecio hacia las víctimas que lloran o manifiestan miedo en las audiencias, etc.

Tratan de concluir rápidamente las audiencias mostrando impaciencia y mala voluntad, mientras que las víctimas han esperado muchísimo tiempo para poder estar al frente de ellos y contarles lo que les pasa.

Manifiestan frases tales como “¿Otra vez Ustedes? ¿No van a terminar de pelear nunca? ¿Hasta cuándo van a seguir?. Cuando en realidad el motivo por el cual las víctimas vuelven una y otra vez a Tribunales tiene que ver con la propia ineficiencia que los jueces tienen en la resolución de los conflictos de familia, haciendo que las víctimas tengan que comenzar de nuevo una y otra vez. Por otro lado equiparan las responsabilidades en una relación despareja donde una persona ejerce poder y violencia y otra es sojuzgada, demostrando de esta manera un total desconocimiento de la problemática de la violencia familiar.

Demoran en firmar escritos de suma importancia retrasando la causa o bien poniendo en grave riesgo a las víctimas y a los menores por esa razón. Es bastante frecuente encontrarse con situaciones donde las víctimas no pueden retirar el dinero del banco, correspondiente a pensión alimenticia (a pesar de que ya fue depositado por el agresor), porque el juez no firma el oficio que permite retirarlo legalmente. En algunos casos los jueces han llegado a demorar un año la firma de estos papeles, encaprichados aún más en “No firmar” cuando las víctimas han osado reclamar esta situación, consiguiendo con esta negligente actitud, hacer que las víctimas y los menores pasen carencias de todo tipo.

No ponen orden ni dejan asentado por escrito la conducta violenta que el agresor tiene contra las víctimas en las audiencias, aunque las víctimas lloren a causa de las mismas. Mucho menos le asignan peso a esta conducta en las decisiones que toman, aunque el problema que estén tratando sea justamente el de la violencia familiar.

No se preocupan por revisar y controlar si la redacción que realiza el secretario al final de la audiencia refleja todo lo que se dijo y lo que se decidió en la misma, tratando incluso de que se termine el escrito rápidamente para poder retirarse o para que pase el próximo litigante.

No ponen orden cuando el agresor o su abogado apresuran al secretario para que redacte mal el escrito final porque no les conviene lo que el juez determinó.

Tratan en todos lo casos de que la víctima llegue a “acuerdos” con el agresor que muy poco después no le servirán de nada, porque el agresor no cumple con nada. Mostrando un total desconocimiento de la problemática de la violencia familiar.

No hacen un seguimiento de los casos ni diagnósticos periódicos a cerca del desarrollo de las causas a fin de saber donde están las dificultades que están impidiendo llegar a una solución viable y definitiva. Por este motivo, en vez de que la situación vaya mejorando, empeora cada vez más.

En muchos casos pareciera ser que inician la audiencia sin haber leído el expediente o lo leen a las apuradas antes de que las partes ingresen, porque manifiestan un verdadero desconocimiento de la causa, leyendo de a ratos el expediente para “recordar” tal o cual cosa.

Hay veces que realizan afirmaciones que se contradicen con las afirmaciones anteriores o que son contradictorias con las mismas determinaciones que ellos tomaron tiempo atrás. Pero a las palabras se las lleva el viento y en Tribunales no queda registro de todo lo que se habló alguna vez.

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FISCALÍAS

(Fuero Penal)

Las Fiscalías son los espacios administrativo/ legales donde se desarrolla el proceso judicial penal, con la celebración de audiencias en las que intervienen las partes en presencia de un juez. En estas fiscalías se tratan cuestiones que suponen delitos: lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, homicidios, abuso sexual, amenazas de muerte, torturas, secuestros, etc.

El Fuero Penal es el único camino que tiene la víctima para probar la veracidad de sus afirmaciones a cerca de las agresiones sufridas, sin embargo, en la mayoría de los casos las causas no ingresan a fiscalía porque el proceso se corta en la policía y las pocas veces que las causas ingresan, la víctima no puede pagar un abogado particular que la patrocine porque es “CARISIMO”. Por otro lado, los servicios legales gratuitos no tienen abogados penalistas gratuitos para asistir a las víctimas. Las fiscalías tienen la obligación de llevar por sí mismas el proceso penal si la víctima no tiene para pagar un abogado, pero nunca lo hacen, interponiendo una serie de obstáculos a las víctimas para que abandonen, ahorrándose el trabajo.

Esto es lo que las víctimas describen a cerca de este servicio.

Los empleados y secretarios en muchos casos:

No notifican a las víctimas para que vayan a ratificar la denuncia en fiscalía, por lo que la denuncia por delitos contra su persona queda sin efecto y el proceso penal se corta automáticamente

Atienden de mala manera a las víctimas de violencia familiar que asisten sin abogados, prepotentemente, con indiferencia, con desprecio.

Dan asesoramientos erróneos a las víctimas y las envían a diferentes instituciones que nada tienen que ver con su problemática, hasta que las mismas terminan confundiéndose y cansándose.

Tratan de convencer “sutilmente” a las víctimas de que abandonen la causa, manifestando que “ellos ya saben” que no van a tener una sentencia favorable porque no hay pruebas suficientes.

En algunos casos llegan a manifestar que “hasta que las víctimas no estén muertas” en la fiscalía “no se puede hacer nada”.

No permiten que las víctimas vean el expediente y mucho menos saquen fotocopias del mismo, no pudiendo las mismas explicar en que estado se encuentra su causa cuando lo requieren los demás organismos que la asisten.

Mienten a cerca del estado de las causas, asegurando que “ya notificaron al agresor”, que “ya pasó para firma”, que “ya está para sentencia”, cuando en realidad la misma se encuentra en archivo muchas veces y las víctimas se dan con la sorpresa de que los empleados no hicieron absolutamente nada.

Tienen la costumbre de mandar a archivo la causa, justificando esta medida en la falta de pruebas, cuando en realidad ni siquiera llegan a pedirlas.

Generalmente el proceso se corta cuando tiene que asistir a declarar el agresor, justamente porque el mismo no asiste, en algunos casos porque no llegan a notificarlo, o porque lo notifican y no se presenta, no volviendo a llamarlo nunca más. No utilizan la fuerza pública para obligarlo a que asista.

Aprovechan la complicada situación de las víctimas para invitarlas a “tomar un café” o “charlar afuera” a fin de “arreglar” rápidamente las cosas. En los casos en que las víctimas se niegan a estos pedidos, son totalmente anuladas y desatendidas en las ventanillas.

Hacen que prescriban las causas (que por ley prescriben definitivamente al cabo de dos años de ocurridos los hechos) por incompetencia de su personal, que no cumple el proceso en tiempo y forma.

JUECES PENALES

(Fuero penal del poder judicial de Tucumán)

En los pocos casos que las víctimas llegan a la instancia de audiencia con el juez, los mismos manifiestan que “no hay pruebas suficientes que comprueben las agresiones que sufrió la víctima por parte de su pareja”. La falta de pruebas a su vez es resultado de la ausencia de una policía científica en la provincia de Tucumán, para los casos de violencia familiar, que se encargue de recolectar estas pruebas adecuadamente apenas ocurridos los hechos.

La violencia emocional no es un delito en nuestra provincia, por lo que los gritos, insultos, humillaciones, desvalorizaciones, escándalos en público, que el agresor ejerce contra las víctimas, no tienen ninguna importancia para los jueces penales por más de haya miles de testigos.

Si hay lesiones, afirman que “no hay pruebas de que esas lesiones las haya ocasionado el agresor”, manifestando que la víctima podría haberlas “ocasionado intencionalmente”.

Generalmente todos los casos de violencia familiar quedan en la nada en las fiscalías, al menos que la víctima esté muerta.

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MINISTERIO PUBLICO

DEL PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

DEFENSORAS DE MENORES

Muchas Defensoras de Menores:

Manifiestan que“están apuradas” y que “tienen otros casos más importantes, complicados y graves que atender” a la par de los “simples” problemas que plantean las víctimas de violencia familiar, en relación con sus hijos.

Opinan de manera irresponsable en las audiencias ante el pedido del juez, sin haber leído el expediente con los informes correspondientes (por más que digan que sí lo hicieron)

Maltratan a las víctimas enunciando sentencias groseras e insultantes, delante incluso del agresor, tales como “Usted eligió a su marido así que Usted es responsable de lo que le pasa a los chicos” “Algo habrá hecho Usted que el niño quiere estar con su padre” ”Usted no debe ser una buena madre” “Bien que le gustó casarse y ahora se queja”

Cuestionan e indagan la conducta de las víctimas manifestando desconfianza hacia ellas justificándose en el “derecho” que ellas tienen de ver por el bienestar de los niños. No saben que no tienen derecho a ejercer victimización secundaria.

Equiparan las culpas en una relación de pareja claramente despareja entre una persona que ejerce poder y violencia y otra que está sometida y sojuzgada. Lo cual pone de manifiesto la total ignorancia que tienen. respecto a la problemática de la violencia familiar

Dicen ver por los niños cuando están muy lejos de hacerlo, ya que manifiestan delante de los niños sentencias tales como: “Después los chicos sufren por los problemas de Ustedes” “Con estos padres estos pobres chicos no van a llegar a ningún lado” que quitan autoridad a la víctima que está intentando poner orden en la familia, con un gran riesgo para los niños. Además con esto violan el derecho que los padres tienen de velar por sus hijos, siendo que en el caso de las víctimas, es eso lo que justamente están haciendo, protegiendo a los niños además de cuidar su propia vida.

Toman determinaciones que están muy lejos de ver por el “Interés Superior del Niño” que son todas aquellas condiciones de vida que aseguran su bienestar general, interponiendo lo que “el niño quiere” en vez de ver por “lo que es mejor para él”, demostrando un total desconocimiento de lo que expresa la Convención de los Derecho del Niño.

Toman determinaciones que respaldan la violencia del agresor, entregando un mensaje peligroso a los menores que terminan viendo la violencia como algo que está justificado por la ley. Estos mensajes contradictorios son caldo de cultivo para generar futuros adolescentes, jóvenes y adultos perversos y violentos.

Interrogan a los niños cuando no están preparadas para hacerlo, porque no han estudiado nada a cerca de la conducta humana y a cerca de cómo interpretar la problemática global que se juega en el seno del grupo familiar. Tampoco basta con que estudien unos cuantos apuntes, porque esa es función de otra disciplina. La Psicología es la ciencia capaz de lograr esto, solamente los psicólogos muy bien preparados pueden registrar lo que los niños dicen, pero también lo que no dicen, lo que no pueden expresar con palabras o lo que quieren decir como” niños testigos de violencia”.

No saben nada a cerca de salud y enfermedad psíquica como tampoco de aquellas cosas que son positivas o negativas para una adecuada estructuración psíquica del niño y una adecuada formación de su personalidad en las diferentes etapas de su desarrollo.

No entienden nada a cerca del Síndrome de Alineación Parental o el Síndrome de Munchausen, la forma de detectarlos o como abordar a niños o adolescentes totalmente manipulados por el agresor.

La función de las Defensoras de Menores es la de defender a los Niños a la luz de las leyes y tratados que los respaldan, para lo cual se supone que han estudiado. No necesitan interrogarlos para eso, basta con saber leer e interpretar los informes y en todo caso hacer interconsulta con los psicólogos (cosa que nunca hacen)

Queremos destacar el adecuado accionar de la Dra. Avellaneda para con las víctimas de violencia familiar (incluidos los hijos), no teniendo para ella ningún reclamo hasta el momento.

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GABINETE PSICOSOCIAL DEL PODER JUDICIAL

Es el lugar donde se realizan los Psicodiagnósticos al grupo familiar en conflicto y los Estudios Socio - Ambientales correspondientes.

De los Psicólogos:

Los profesionales no realizan el número de entrevistas adecuadas para un buen Psicodiagnóstico, justificándose en la falta de personal, la cantidad de casos que llegan por día y el “Buen Juicio Clínico” que tienen. Realizan una o dos entrevistas cuando más por persona, lo cual es muy poco científico.

No cuentan con espacios acondicionados para trabajar con Niños, los cuales son interrogados en consultorios acondicionados para adultos, razón por la cual muchas veces resulta difícil conseguir que ingresen.

No cuentan con elementos necesarios y en buenas condiciones, para realizar los Psicodiagnósticos, tales como juguetes para niños, Materiales para Pruebas Psicométricas y Proyectivas y otros, reduciendo su trabajo a entrevistas en la mayoría de los casos.

Cada vez que comienzan una entrevista, lo hacen de cero, preguntando desde el nombre, la dirección y el teléfono y toda la historia de vida, debido a que no cuentan con los informes anteriores a la hora de hacer el nuevo. Razón por la cual siempre llegan al mismo punto, ni un poco más allá porque ya se les acaba el tiempo.

La hora se pasa explicando los motivos por los cuales estamos allí, debido a que no han leído con tiempo los expedientes para el caso, ni han consultado con la jueza los puntos de pericia a los cuales deben responder.

Los informes son vacíos, no dicen nada y los jueces cuando manifiestan (a veces delante de las propias víctimas) que no entienden lo que dicen los informes o que los informes no le aportan nada, no llaman a los psicólogos a que participen de la audiencia, por lo cuál los informes terminan perdiendo todo valor.

Los psicólogos reciben en el Gabinete Psicosocial de Tribunales a los abogados de las partes que, intencionalmente o no, contaminan el espacio de psicodiagnóstico con discursos y presiones.

No hay guardias de seguridad que protejan estos espacios, lo cual supone un grave riesgo para las víctimas y los mismos profesionales, situación que desencadenó numerosos inconvenientes en muchos casos.

Tienen por modalidad llamar a la víctima y al agresor para que participen de entrevistas “familiares”, respondiendo a una supuesta “Técnica de Mediación” directamente inconcebible en Violencia Familiar, viéndose la víctima obligada a hablar en presencia del agresor, razón por la cual termina diciendo cosas que no la expongan a riesgos frente al agresor o bien negando lo que dijo cuando estaba sola, simplemente a manera de resguardo de su persona o a veces de los niños..

De los Trabajadores Sociales

Su función se reduce a las visitas domiciliarias “relámpago”

Ponen datos inventados en los informes a cerca del estado en el que se encontraba el inmueble al momento de la visita, cuando muchas veces en realidad ni siquiera ingresaron al domicilio.

Entrevistan a los vecinos con los cuáles la víctima, la más de las veces, no tiene relación alguna, justamente por el grado de privación de la libertad que tenía durante el tiempo que vivía con el agresor. Los vecinos a su vez se llevan por cuestiones subjetivas y sus respuestas dependen de cómo les cae la víctima sin conocerla más que de vista. Entrevistan muchas veces a vecinos que son familiares del agresor o que son compañeros de farra del agresor, o a sus mujeres, que por supuesto no dicen nada a cerca de las agresiones que sufre la víctima, porque muchas veces ellas mismas la sufren es su hogar. Los vecinos más honestos, generalmente no aportan ningún dato relacionado con las agresiones (las cuáles en la mayoría de los casos ocurren) debido a que “no quieren tener problemas”, aunque en ocasiones hayan llamado a la policía para proteger a la víctima y sepan que sus nombres no van a quedar en evidencia. Por lo tanto los informes no tienen sentido.

Los informes en muchos casos son desordenados, no tienen ilación de ningún tipo entre un párrafo y otro, no tomándose el trabajo de articular lo observado, lo entrevistado y lo leído en el expediente, en un informe integrado, que evidencie una interpretación de los datos. Los informes se reducen a descripciones tales como:: “la Sra. dice”, “El Sr. Dice”, “Los vecinos comentan”, “El lugar está así”, etc.

No contemplan en lo más mínimo la violencia familiar ni le asignan ninguna importancia, no registran muchas veces los relatos de las víctimas a cerca de las agresiones que reciben y los daños que le ocasionan estas agresiones a ella, al grupo familiar, a la vivienda o a los muebles que están destruidos, como tampoco la forma en que la violencia afecta la vida cotidiana de todos.

Los informes de las trabajadoras sociales son vergonzosos.

En algunos casos los informes son directamente “mentirosos”, dejando entrever cuestiones ilegales.

PROPUESTAS

Se debería cambiar totalmente la estructura del Poder Judicial así como el procedimiento judicial desde su base.

Sería conveniente que nunca sea una sola persona la que decida sobre la vida de los demás. Que en vez de que intervenga un juez intervenga un Tribunal Multidisciplinario en las decisiones de familia.

Que las víctimas no tengan que declarar en presencia de un juez para exponer su situación, es decir, que no se lleven a cabo audiencias de ningún tipo, que basten para la determinación judicial los informes de todo tipo y los escritos que presenten las partes a través de sus abogados, a fin de proteger a las víctimas de más abusos. Por supuesto que estos informes y los escritos de los abogados deberán ser muy diferentes a los que presentan hoy por hoy, que dejan mucho que desear.

Que las audiencias civiles de familia (que se aplican hoy por hoy irremediablemente) puedan ser filmadas gratuitamente ante el pedido de cualquiera de las partes, sobre todo cuando intervenga una Defensora de Menores (porque está en juego la vida de nuestros hijos)

En cuestiones de violencia familiar o violencia de pareja, la víctima y el agresor deberían ingresar por separado a las audiencias, para evitar que el agresor manipule, asuste o amedrente a la víctima, como siempre lo hace.

Se deberían crear fiscalías y secretarías específicas para violencia familiar o bien específicas para violencia contra la mujer.

Se debería crear un sistema de fácil acceso de las víctimas a sus expedientes, a copias del mismo y a su certificación para tener un comprobante en caso de “pérdidas” a partir del cuál poder trabajar hasta tanto “se encuentre” el otro. Que no haya que recurrir a un escribano para eso, como tenemos que hacer ahora, pagando mucho dinero

Cada vez que se pida intervención a una Defensora de Menores, que la misma deba responder obligatoriamente por escrito, detallando los motivos por los cuales toma tal o cuál posición respecto a la causa. Que lo que no figure por escrito no tenga ningún valor en la causa.

Que se obligue a los jueces a sancionar a las Defensoras de Menores que maltraten a las víctimas y sobre todo cuando lo hagan delante de los niños.

No se permita a las Defensoras de Menores indagar a los Niños en ningún momento y bajo ninguna circunstancia.

Que el Derecho a que ”los Niños sean oídos y tenidos en cuenta en sus opiniones” tal como lo establece la ”Convención de los Derechos del Niño” lo hagan cumplir los profesionales psicólogos, que son los que están preparados para esas intervenciones.

No se permita que las “Defensoras de Menores” se atribuyan derechos sobre los niños que no les corresponde, pues dicho derecho le corresponde a toda persona que vela por el “Interés Superior del Niño” Por lo tanto le corresponde fundamentalmente a la víctima que no ha hecho nada contra sus hijos ni contra nadie y que está luchando por la protección de sus hijos muchas veces más que por la propia protección

Que la abogacía le entregue a otras disciplinas el rol que históricamente se atribuyó a sí misma, sin que le corresponda.

Que durante las audiencias se encuentre presente un secretario ajeno a la secretaría, que vaya redactando en el mismo momento que se desarrolla la audiencia, las decisiones que va tomando el juez y los motivos por los cuales toma tal o cual det4erminación, como así también la conducta de los participantes (incluidos los jueces y Defensores de Menores)

Que el proceso judicial incluya una articulación entre los fueros, que sea inmediata. No se debería esperar que los antecedentes de cada persona los pida el abogado de parte, debería ser una obligación de Tribunales.

Poner guardia policial en los pasillos de tribunales, en el Gabinete Psicosocial de Tribunales y en cualquier dependencia donde la víctima deba asistir a realizar sus trámites, a fin de que el agresor no pueda agredirla allí.

Crear un Sistema de archivos en el Gabinete Psicosocial de Tribunales, a fin de que cada dato que se tenga se agregue a los anteriores, generando una verdadera base de datos que sirva de punto de inicio a cada nuevo psicodiagnótico.

Que Tribunales trabaje con los Niños en Cámara Gessell u otra forma más efectiva de escuchar a los niños que la que tiene hoy por hoy.

Las trabajadoras sociales deberían asistir al domicilio ante el pedido de las víctimas, sin el conocimiento del agresor y de manera inmediata, las veces que la misma lo requiera, por más que sea un fin de semana, de tal manera que pueda observar la situación de violencia que relata la víctima en el momento mismo que ocurre.

Las trabajadores sociales deberían hacer un seguimiento de la situación ambiental del grupo familiar, con visitas y entrevistas varias veces a la semana, de tal manera de explicar cómo empiezan y se complican los problemas a lo largo de una semana, un mes, un año.

Los informes deberían ser trasdisciplinarios: un solo informe elaborado por todos los profesionales implicados (Psicólogos y Trabajadores Sociales) con una o dos hipótesis diagnósticas que expliquen el estado en que se encuentra cada persona y el grupo familiar en su totalidad a causa de la violencia familiar.

Se debe tender a alcanzar una visión lo más verdadera posible de los hechos ocurridos, causas y consecuencias de la violencia, mentiras, contradicciones, engaños, a partir de los cuales poder develar la realidad.

- Que se cree un sistema sancionatorio de rápida aplicación para autoridades, empleados o profesionales pertenecientes al Poder Judicial, como así también perteneciente a cualquier institución pública o privada conexa, que no envíe en tiempo y en forma los informes requeridos, que no cumplan adecuadamente con su trabajo, que ejerzan victimización secundaria, que se presten a maniobras corruptas, o actúen negligentemente.-